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Miércoles 18 de Setiembre de 2019

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Educación superior en América Latina: Autonomías y recursos recortados

Uno de los paneles de la IV Reunión Regional Brasil-Cono Sur se tituló «La educación superior en Brasil y el Cono Sur: Crisis y perspectivas». Los participantes plantearon que en varios países se ataca la autonomía universitaria y con ello el derecho a la educación de la sociedad, y que es necesario fortalecer la unidad de las universidades públicas latinoamericanas para defenderlas.

El panel tuvo la participación de Rui Vicente Oppermann, rector de la Universidad Federal de Río Grande del Sur (Brasil), Luis Pinto Faverio, rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, (Chile), y Jaime Perczyk, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (Argentina).

Oppermann señaló que entre las presentaciones de la mesa, la situación brasileña era posiblemente «la peor». Se refirió al programa Future-se, propuesto por el Ministerio de Educación de Brasil para cambiar el sistema de las universidades federales de ese país. Comentó que este proyecto se genera en un gobierno que «no es ni siquiera neoliberal, se define a sí mismo como “iliberal”, no acepta la liberalidad como práctica política», que además ha generado una crisis institucional en la que la democracia está amenazada. El programa Future-se se enmarca en esa crisis, indicó, poniendo en riesgo la autonomía de las universidades públicas. Agregó que fue necesario conocer a fondo la propuesta para poder hacerle frente, pues ha sido sometida a consulta pública pero en ella las universidades no pudieron participar, y nunca fueron consultadas para la elaboración del plan.

Señaló que desde principios de este siglo la matrícula de las universidades privadas en Brasil aumentó a un ritmo mucho mayor que la de las universidades federales, a pesar de que estas aumentaron en número. La mitad de las universidades privadas tienen fines de lucro —algo que no ocurre en otros países de la región—, y aún así acceden a subsidios provenientes de la inversión pública, explicó. De las universidades públicas, más de un tercio son federales; 72% de sus estudiantes provienen de hogares de bajos ingresos y son beneficiados con becas de estudio y alimentación gratuita. De otra forma «no accederían a la educación superior», planteó Oppermann, la función social de estas universidades «está siendo duramente atacada por el gobierno».

Actualmente las universidades federales sufren restricciones presupuestales muy importantes. A esto se suma una serie de falsas acusaciones por parte del gobierno señalando «autoritarismo corporativo, adoctrinamiento ideológico de tipo marxista y la promoción de la desintegración moral y ética» en esas instituciones. El proyecto presentado por el gobierno implica cambiar 18 leyes, pasando por encima de la norma constitucional que establece la autonomía universitaria. Propone la implementación de universidades «empresariales e innovadoras» y apunta a «fortalecer» a las universidades públicas mediante su asociación con organizaciones «que fomenten su financiación y la captación de recursos propios».

Para esta nueva forma institucional, Future-se plantea intervenir sobre la gestión y gobernanza, la investigación e innovación, y la internacionalización. El proyecto habilita a realizar contratos de gestión sin necesidad de licitación pública, con modalidades que incluyen la apertura de empresas privadas por parte de departamentos universitarios, la administración de bienes inmuebles o de fondos de capital, entre otras. Oppermann afirmó que «la palabra educación solo aparece una vez en la propuesta». Con respecto a la investigación, el plan apunta a atender las demandas del sector privado, y en el eje referido a la internacionalización, contiene propuestas como la promoción de la universidades públicas en el exterior, la participación en rankings y la contratación de profesores de inglés para investigadores.

Para Oppermann, de aprobarse este proyecto se plantea una fuerte intervención sobre la administración que se dan las universidades públicas, puesto que las organizaciones que les asocien podrán llevar adelante la gestión académica, patrimonial y administrativa de las universidades. Esta propuesta «ignora todo lo que nosotros hacemos hace mucho y muy bien, con nuestras estructuras y capacidades», lo que incluso ha sido reconocido por el Tribunal de Cuentas nacional, apuntó. Los actores al frente de las universidades «pensamos que esta propuesta tiene la intención de sustituir gradualmente el presupuesto público por fondos privados», los que podrán servirse de los bienes inmuebles de la universidad y de los servicios que ella preste como recursos propios, lamentó.

Una reforma de este tipo no solamente lesiona la autonomía universitaria, sino que tiende a desacreditar la investigación básica, las humanidades, las ciencias sociales y las artes, así como la extensión. Las autoridades del gobierno no tienen reparos al expresar su menosprecio por esas áreas, así como su escasa adhesión a los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por la ONU, con todo lo que ello implica. «No esperaba que en Brasil tuviéramos un retroceso tan grande y una amenaza tan grande a las universidades públicas como la que tenemos ahora», expresó.

Derecho amenazado
Perczyk expresó su solidaridad por la situación «gravísima» de la universidad brasilera, planteada por Oppermann, y presentó algunos datos del contexto de su país. Argentina tiene 131 instituciones universitarias, 50% de ellas son estatales, y dicha cifra incluye cinco universidades provinciales. Además, destacó que desde 2009 todos los estados o provincias tienen una universidad nacional. En total, Argentina tiene aproximadamente 2 millones de estudiantes de carreras de grado, de los cuales un 79% estudian en universidades públicas y un 60% son mujeres.

Recordó que hace cuatro años el país se encuentra bajo un ajuste presupuestal importante, que supone este año llegará al nivel del presupuesto durante la crisis de 2009. Este recorte afectó gravemente la capacidad de las universidades de poder pagar los salarios de personal docente y no docente, investigadores, autoridades, al igual que apoyos y acompañamientos a los estudiantes a través de becas, subsidios, transporte, materiales, comedores, residencias.

Perczyk planteó que para salir de esa situación crítica es necesario invertir en educación pública en general, y particularmente en educación universitaria. «Para discutir el financiamiento de la educación se discute la eficiencia, se establecen relaciones entre cuántos estudiantes ingresan y cuántos egresan, y los recursos económicos del Estado y del pueblo, sin comprender que la idea o la necesidad de que egresen más requiere que ingresen más», explicó. Desde las universidades, señaló que se discuten los planes de estudio y su pertinencia, la duración de las carreras, la necesidad de establecer créditos permitan mejorar la movilidad de los estudiantes, mejorar la tasa de egreso, y hacer más flexibles los planes de estudio.

Por último, afirmó que tiene la comunidad universitaria tiene la expectativa de que se abra «un nuevo camino donde la universidad pase a estar en el centro positivo de la inclusión educativa, productiva y cultural, y no en el lugar peyorativo de una institución que no se comprende qué hace y su funcionamiento es una carga para el país».

Aportando su perspectiva como rector de una universidad en Santiago de Chile, Faverio destacó la importancia de la prosperidad personal de los estudiantes que egresan y que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Las universidades estatales son las más altamente valoradas como confiables por la ciudadanía chilena, lo cual no es casual, sino que «responde a una manera de ver el bien común, el interés general, el pluralismo y la respuesta a los problemas públicos».

En el contexto socioeconómico actual, hizo hincapié en el rol de las universidades como organismos reflexivos de la sociedad productora de conocimiento y formadoras de profesionales. Estas instituciones, según Faverio, tienen la responsabilidad de preparar a los estudiantes para el futuro estableciendo mecanismos para generar el «nuevo conocimiento» que requerirá una sociedad «hiperdigitalizada». En este sentido, sostuvo que el modelo educativo debe adaptarse cuanto antes a la nueva realidad teniendo en cuenta aspectos como la tecnología, la responsabilidad social y la sustentabilidad.

En relación a la situación de Brasil, Faverio expresó que Chile fue «el primer laboratorio de la política neoliberal en educación». Bajo el régimen militar de Augusto Pinochet se crearon instituciones que por ley no deberían tener fines de lucro, sin embargo sí lucran, señaló. Cuestionó también la existencia de «universidades públicas no estatales» en su país, una figura a su juicio incomprensible.

Durante los intercambios posteriores, el presidente de UDUAL, Henning Jensen, planteó su preocupación por el ataque a las universidades públicas en diferentes países de la región, que «es también un ataque a la sociedad» porque afecta directamente su derecho a la educación, y los derechos «no son regresivos». Expresó que es necesario que en Latinoamérica las universidades estén fuertemente unidas porque no es difícil que este ataque se extienda, «si alguien retrocede retrocedemos todos», afirmó. También destacó que se debe trasladar esa preocupación fuera del ámbito propio hacia otros organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA o la CEPAL, «hagamos de lo que sucede un debate americano en ámbitos donde sí se aprecia la contribución de nuestras universidades».

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Publicado el martes 10 de setiembre de 2019

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