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Lunes 21 de Octubre de 2019

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Actividad de cierre de la IV Reunión Brasil-Cono Sur de UDUAL

El viernes 6 de setiembre a las 17.30 la Cuarta Reunión de la Región Brasil-Cono Sur de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) cerró el encuentro con la Mesa Redonda «Situación y Perspectivas de la Educación Superior en América Latina», en la Sala Maggiolo del Edificio Central de la Udelar.

La Mesa estuvo moderada por Álvaro Rico, Presidente del Servicio de Relaciones Internacionales de La Universidad de la República (Udelar). Los panelistas fueron: Juan Carlos Del Bello, rector de la Universidad de Río Negro, Argentina, Bianca Borges, integrante de la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil, Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica y Presidente de la UDUAL, Gerónimo Laviosa, rector de la Universidad Nacional del Este de Paraguay y presidente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), Mauro Conti, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y Marcelo Distefano, secretario ejecutivo de la Confederación de los Trabajadores de las Universidades de las Américas (CONTUA).

Los panelistas enfocaron la situación de la educación superior en sus países y coincidieron en que los atentados a Derechos universitarios consagrados por la Constitución que se dan últimamente en las universidadees latinoamericanas se enmarcan en una realidad regional.

Contexto argentino
Del Bello señaló que Argentina es junto con Chile uno de los países con mayor tasa bruta de matriculación en la educación superior. Explicó que el modelo estatal argentino de educación superior se caracteriza por ser de acceso gratuito. Fue instaurado por un decreto del presidente argentino Juan Domingo Perón en 1949, la gratuidad fue suspendida cada vez que hubo dictadura en el país y restituida cada vez que en Argentina se retomó el régimen democrático.

La tasa de matriculación en Argentina supera el 61 % (3.100.000 estudiantes) y se distribuye 70% en universidades y un 30% en la educación superior no universitaria (institutos técnicos y de formación docente). El 79 % de los estudiantes universitarios argentinos cursa en universidades estatales (hoy en día por lo menos una por provincia) y el 21 % en universidades privadas.

El rector sostuvo que a pesar de estos números, la gratuidad es condición necesaria pero no suficiente para el acceso a la universidad pública. «Es una especie de fetiche creer que porque tenemos una universidad gratuita tenemos una universidad que garantiza la igualdad de oportunidades». Explicó que se ha mejorado el ingreso en la educación superior de los estudiantes más pobres pertenecientes al primer quintil de ingreso pero cuando se observa el desempeño y la tasa de egreso se ha detectado que los estudiantes que pertenecen a este quintil son los que presentan una mayor tasa de deserción y menor tasa de egreso.

Para Del Bello esto sucede porque el financiamiento universitario argentino es institucional y no tiene un buen sistema de becas. El 85% del presupuesto universitario va a salarios y el 15 % restante a financiar proyectos de investigación, de extensión, gastos de funcionamiento y becas. Señaló que los comedores universitarios son accesibles y con una propuesta alimenticia con buen aporte nutricional y calórico, pero las becas son de 30 dólares mensuales. Acotó que la línea de indigencia en Argentina es de 60 dólares, la línea de pobreza de un adulto equivalente, 148 dólares, y el salario mínimo 208 dólares. Becas de 30 dólares para jóvenes que provienen de hogares de bajos ingresos, los obligan a trabajar mientras estudian con lo cual terminan desertando, o alargando el período de duración de las carreras. Esto explica una de las características de la educación universitaria en Argentina, es uno de los países de Latinoamérica con mayor tasa de matriculación pero menor tasa de egreso (20 %).

El rector resaltó que esta situación se enmarca en el contexto político actual. En los últimos tres años se ha dado un período de disminución del presupuesto para la educación superior pública en Argentina. Este proceso de reducción de recursos para las universidades estatales cumple el cuarto año en el 2019. El Producto Bruto Interno (PBI) en Argentina ha caído notablemente también en esos años, en el momento el país se encuentra en una situación de espiral inflacionaria. La deuda externa está estimada en el 90% del PBI y desde hace varios años se registran tasas negativas de crecimiento.

Asimismo el presupuesto universitario con respecto al PBI bajó de 0,82% al 0,72% desde el 2015, último año del gobierno anterior, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Del Bello agregó que en el sector de ciencia y tecnología la caída del presupuesto universitario ha sido más aguda aún. Esto ha implicado que bajaran los salarios de los trabajadores docentes y no docentes en forma muy significativa, y que hayan caído los proyectos de investigación. Los salarios de los docentes investigadores del CONICET decrecieron aún más porque se rigen por los estatutos del empleo público a diferencia de los docentes y no docentes universitarios que lo hacen por el reglamento universitario que les deja un mayor margen de negociación.

El rector señaló que sumados a esta realidad económica se han dado intentos muy fuertes de ataque a la autonomía universitaria planteados por los medios hegemónicos de comunicación al inicio de la presidencia de Macri. Manifestó que estos ataques intentaron poner en duda la ética y la moral de los rectores y rectoras del sistema universitario. Añadió que los han sorteado manteniendo una unidad total en el Consejo de rectores, donde a pesar de haber dos bloques político partidarios no hay una grieta en lo que se refiere a defender la universidad pública y autónoma.

Situación en Costa Rica
Henning Jensen por su parte valoró como muy importante el encuentro para reflexionar sobre temas y situaciones que atañen a las universidades latinoamericanas y que son críticas hoy para todos los países de la región. Aclaró que iba a referirse a la realidad de la educación superior en Costa Rica para tomarla como ejemplo de lo que en una magnitud diferente y usando herramientas distintas se pretende hacer en Brasil.

Jensen comenzó esbozando el contexto en el que se inserta la Universidad de Costa Rica. Refirió que su país goza de índices de bienestar que son «quizás ejemplares para muchos países latinoamericanos, con un sistema de salud excelente, con niveles de cobertura educativa muy amplios y de muy alta calidad y una población que en términos generales goza de altos salarios». Agregó que el índice de mortalidad infantil es de los más bajos del mundo y el de expectativa de vida de los más altos.

Explicó que en los últimos años una investigadora uruguaya radicada en Costa Rica y docente de la Universidad de ese país, Juliana Martínez, ha estudiado muy a fondo el fenómeno de la incorporación social y laboral. El rector señaló algunas de las conclusiones de las investigaciones de Martínez. Entre ellas destacó que el éxito de Costa Rica se debe entre otros factores a la estabilidad de la institucionalidad pública, la amplitud del sistema democrático y especialmente a una alta inversión en programas sociales. Sobre este punto el rector acotó que la constitución del país establece que por lo menos un 8% del Producto Bruto Interno debe dedicarse a Educación (uno de los porcentajes más altos del mundo).

Refirió que la constitución del país que se aprobó en 1949 distribuyó una parte del poder estatal, anteriormente concentrado en el gobierno, en organizaciones autónomas de las cuales la Universidad es la que posee un mayor grado de autonomía (no tiene ninguna relación de jerarquía con el Poder Ejecutivo).

Jensen señaló que a partir de los años 80 y 90 con el empuje del neoliberalismo que se dio en el país al igual que en las demás naciones latinoamericanas todas las instituciones públicas comenzaron a cambiar. En Costa Rica a diferencia de otros países de la región ninguna de las empresas públicas se privatizó, no obstante entraron en una dinámica mercantil. Se abrió el mercado e ingresaron una cantidad de empresas privadas que ofrecen servicios como en el caso de la telefonía móvil, cable, internet. A pesar de eso las empresas estatales del país siguen siendo más fuertes, el capital financiero en Costa Rica encontró un tope para crecer, para expandirse necesita apropiarse de las funciones de las empresas estatales, entre ellas de las universidades públicas. Apuntó que las universidades en Costa Rica brindan a todo el Estado servicios científicos tecnológicos de alto nivel académico y de mucha rentabilidad. La certificación en laboratorios universitarios de la calidad del combustible, del asfalto, de la electricidad que se suministra a los hogares y empresas y el establecimiento de la bioequivalencia de todos los medicamentos genéricos, son sólo algunos de estos servicios. Estas funciones serían de una gran ganancia económica para los capitales privados si estuvieran en manos de empresas privadas. Jensen señaló que para expandir las posibilidades del mercado hacia esas funciones se requiere terminar con la autonomía universitaria.

El rector explicó que esta aspiración de los sectores empresariales encontró un camino de posible concreción con la última coyuntura política Costarricense. Para la segunda vuelta electoral el partido que resultó ganador hizo acuerdos con sectores ultra conservadores los que quedaron a cargo de el manejo económico del país. Se han empezado a dictar leyes que van en contra de la constitución de Costa Rica lo que obliga a las instituciones públicas entre ellas a las Universidades a interponer acciones de inconstitucionalidad pero estos procesos llevan mucho tiempo (por lo menos dos años). En el 2018 por primera vez en la historia del país, la asamblea legislativa en forma inconsulta y unilateral recortó en 20 millones de dólares el presupuesto de las universidades públicas.

Esto ha llevado a la movilización popular en Costa Rica, en el año y dos meses que lleva el nuevo gobierno se realizaron 870 manifestaciones y se prevén que este número siga en aumento.

Sostuvo que esta realidad se enmarca en una embestida a la institucionalidad pública que se da en la mayoría de los países de Latinoamérica. Este ataque a las instituciones públicas provoca un debilitamiento de los sistemas democráticos y se lleva adelante a través de métodos inconstitucionales lo que produce situaciones «de facto». Ante este contexto regional el rector sostuvo: «Y como esto tiene una dimensión continental yo creo que tenemos que desarrollar un discurso y una solidaridad continental y no ver lo que sucede en Costa Rica, lo que sucede en Brasil, lo que sucede en Venezuela o en el Salvador o en Guatemala como un fenómeno aislado sino como un fenómeno latinoamericano».

Para finalizar Jensen subrayó cuales serían los recursos de defensa con los que cuentan las universidades latinoamericanas ante estos ataques a Derechos consolidados como la autonomía universitaria. En este sentido señaló como uno de los caminos elevar la denuncia a los organismos internacionales que pueden ser interlocutores competentes para las universidades (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos). El rector de la Universidad de Costa Rica añadió que la situación de Brasil amerita que «los pueblos latinoamericanos y todas las comunidades académicas de las universidades de América Latina se congreguen en el mismo país brasileño para manifestar en favor de la libertad y la autonomía de las universidades latinoamericanas».

Al finalizar las exposiciones se abrió un espacio para preguntas de las personas presentes.

Para ver Mesa completa acceda al video

Como cierre de esta reunión Reunión Brasil-Cono Sur de UDUAL, se aprobó una declaración que resume las expresiones de representantes duyrante el encuentro y propone acciones concretas: Ver Declaración de Montevideo 6 de septiembre de 2019

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Publicado el martes 10 de setiembre de 2019

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