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Lunes 9 de Diciembre de 2019

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Derechos Humanos y Políticas Públicas fueron temas en seminario

Federico Graña, director Nacional de Promoción Sociocultural del MIDES; Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República; María Josefina Plá, de la INDDHH; y Vanessa Anfitti, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR.El 1º de agosto la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR llevaron a cabo el seminario «Los derechos humanos y las políticas públicas en debate: desafíos y tensiones». Participaron académicos, representantes del Estado y la sociedad civil.

La primera mesa, titulada «Perspectivas institucionales», estuvo conformada por Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República; Federico Graña, director Nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES); María Josefina Plá, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDH). Vanessa Anfitti, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, fue la encargada de moderar la mesa.

En la apertura de la actividad, Felipe Michelini, coordinador de la Cátedra, afirmó que desde una perspectiva institucional, el Estado uruguayo ha ido agrandando fuertemente su institucionalidad abarcativa desde el punto de vista de derechos humanos. Hubo cambios importantes en esta área y «será interesante ver cómo pasan un examen reflexivo, racional, si los objetivos determinados son los adecuados y si se están cumpliendo». Desde una perspectiva regional e internacional, sin embargo, la agenda de derechos humanos está sometida a «cambios y tensiones».

Integralidad e interseccionalidad
Villarreal señaló que los derechos humanos no pueden ser desarrollados y efectivizados como «paradigma de deber ser ético de la humanidad» fuera del vínculo de los procesos democráticos y el desarrollo como bienestar. La gestión y visión estratégica de la política pública, la participación ciudadana y el sistema internacional hoy se ven desafiados, lo cual se percibe claramente en Estados Unidos, Brasil y Costa Rica.

Entre académicos, gobiernos y dentro del movimiento de derechos humanos, existe un aumento del pesimismo sobre la legitimidad y efectividad del derecho internacional de los derechos humanos, sus instituciones y movimientos. Asimismo, hay un ataque reactivo y regresivo de visiones religiosas, ideológicas, pero también «desde homogeneidades culturales y de gestión socioeconómica a la cultura de los derechos».

En este contexto, Villarreal enumeró como desafíos el alcance del principio de igualdad y no discriminación para la efectivización de derechos, la tensión existente entre viejas y nuevas agendas, las dificultades de las políticas públicas progresistas a centrarse en la integralidad, interseccionalidad de vulnerabilidades y colectivización política para «no favorecer la fragmentación desde reivindicaciones de colectivos que se pueden excluir mutuamente o perder la alteridad en la construcción de la emancipación política en la sociedad».

Es así que destacó la necesidad de abordar la «pedagogía del cambio cultural» para consolidar avances asumiendo conflictos. Otra prioridad es reconocer cómo se configuran subjetividades que construyen procesos democráticos basados en la tolerancia y el respecto a la diferencia, y reconocer cuáles son los mecanismos y dispositivos que desencadenan la discriminación, el odio y la desigualdad «de los que se valen actores diversos para sostener inequidades». Por último, según Villarreal es necesario vincular el enfoque de derechos humanos con «la gestión para resultados de las políticas públicas para efectivización de derechos».

Construyendo ciudadanía
Por su parte, Graña se expresó en torno a tres puntos principales. Primero, afirmó que no hay política pública con perspectiva de derechos humanos sin personas directamente involucradas que sean escuchadas por las instituciones. Para este punto, recordó su experiencia en el proceso de diseño de la Ley Trans. En aquel momento, las mujeres trans reclamaron que no se podían jubilar, que nunca habían sido reconocidas como trabajadoras o nunca habían conseguido trabajo, y personas que durante la dictadura cívico-militar fueron detenidas 20 o 30 veces en un año por el simple hecho de ser trans. Además, aparecieron otras demandas, las jóvenes reclamaban la inclusión educativa, y los padres que apoyaron estos procesos reclamaban el acompañamiento del sistema de salud.

Según Graña, hubo una «tensión tremenda» entre la sociedad civil y el Consejo Nacional de Diversidad durante los dos años en los que se discutió el armado de la ley. Sin embargo, si se hubiera dejado afuera la opinión de esas personas «que no entendían sobre procesos administrativos», se preguntó ¿cuál hubiera sido el apoyo de la sociedad civil a esta norma? ¿Cuál hubiera sido el nivel de autoinvolucramiento, de apropiación y de difusión de la norma? «La participación puede llevar a procesos vitales para que las personas aprehendan a implementar los desarrollos de la política pública», explicó.

Asimismo, llamó a cuestionar cómo vemos la política pública: es una herramienta que puede lograr abatir algunas brechas de desigualdad, pero el desafío está en que también sea posible generadora de ciudadanía. El movimiento social uruguayo «debe dar una discusión muy grande» para generar sujetos políticos que sean conscientes de la existencia de las desigualdades estructurales de género, raza y etnia, y clase, y que sin ser parte de alguna de ellas puedan acompañar el proceso y a sus protagonistas.

Respecto al contexto regional, retomó el concepto planteado por Villarreal sobre los discursos reactivos, y agregó que son «negacionistas de las desigualdades, que en realidad buscan recuperar privilegios». Para Graña este es el desafío más grande que tiene hoy la humanidad y deriva de la incapacidad de poder explicar bien el desarrollo de las políticas públicas focalizadas y las acciones afirmativas a estos sectores, pues la base del discurso conservador nace en los sectores populares que quedan por fuera de varias políticas. Lograr explicarlo es responsabilidad del Estado, de la sociedad civil y sobre todo de la academia, «que a veces está en el lugar del análisis y abandona el lugar de la propuesta». «Si seguimos yendo hacia aportes académicos que solo miran desde la crítica, tenemos un problema muy grande en la construcción de respuestas con fuerte sostén técnico», concluyó.

Instituto y Estado
En tanto, Plá se refirió a la experiencia y perpectiva del INDH, creado por ley en 2008 con el cometido de «promover, proteger y defender los derechos humanos». Explicó que su primer Consejo Directivo comenzó a funcionar en 2012; demandó unos cuatro años «darle forma institucional y contenido» a la entidad hasta que en 2016 el INDH llegó a tener funcionarios propios, lo cual le permitió un funcionamiento independiente y autónomo y así obtener «mayor calidad de garante de los derechos humanos». Al instituto le corresponde el relacionamiento con el Estado para lograr un mejor diseño de sus políticas públicas y realizar recomendaciones toda vez que observe el no cumplimiento de estándares internacionales en derechos humanos.

Señaló que una de las formas de trabajo del instituto es la medición del cumplimiento de los derechos humanos, lo cual es una manera de defenderlos y promoverlos. El trabajo en esa línea ha posibilitado la inclusión de Uruguay en la matriz internacional, además de habilitar la recepción de denuncias sobre derechos humanos, motivar la investigación y la educación en esta dimensión. El instituto lleva adelante un monitoreo de situaciones de violación de derechos humanos, entre otros caminos a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Con esta herramienta se lleva adelante especialmente el contralor de las condiciones de encierro en todos los ámbitos.

El INDH realiza además el monitoreo de la atención en salud mental y de medios audiovisuales, en función de leyes aprobadas en los últimos años. También le compete el contralor de Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero aún no cuenta con presupuesto ni estructura destinada a esa finalidad. Al respecto comentó avances recientes en la búsqueda de posibles soluciones para que las personas en situación de discapacidad accedan a ejercer su derecho al voto.

Plá señaló que no es posible «promover, proteger y defender los derechos humanos desde una oficina sin estar en contacto con la sociedad civil, que es la que da el pulso a la realidad y plantea sus demandas». A partir de dos notas de prensa publicadas en las últimas semanas —una con el título Luis Parodi: ¿Quién se hace cargo de nuestros peores, qué hacemos con ellos?—, se refirió especialmente a la situación de nuestro sistema carcelario, una de las «llagas mayores» que enfrentamos y que se relaciona directamente con la reforma constitucional sobre seguridad ciudadana que se quiere plebiscitar. El cuidado de las personas privadas de libertad es unos de los temas esenciales para el INDH, indicó.

El seminario continuó con los paneles titulados «Perspectiva internacional y regional» y «Perspectivas desde la academia y la sociedad civil», además de comentarios y preguntas del público.
Publicado el viernes 2 de agosto de 2019

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Federico Graña, director Nacional de Promoción Sociocultural del MIDES; Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República; María Josefina Plá, de la INDDHH; y Vanessa Anfitti, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR. Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República; María Josefina Plá, de la INDDHH; y Vanessa Anfitti, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR. Federico Graña, director Nacional de Promoción Sociocultural del MIDES; Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República; María Josefina Plá, de la INDDHH; y Vanessa Anfitti, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR. Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Federico Graña, director Nacional de Promoción Sociocultural del MIDES; y Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República.
 
 

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