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Martes 23 de Octubre de 2018

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Derechos en espera

Cárcel de Punta de Rieles. 24/08/2016 Foto: Richard Paiva-UCUR.Este año hay 52 estudiantes privados de libertad en carreras de la Universidad de la República (Udelar). Hace solo dos años eran seis, por eso es necesario adoptar nuevas acciones que sostengan ese crecimiento. Unos pocos estudiantes cuentan con permisos transitorios para asistir a clases, los demás van preparando exámenes por su cuenta, hasta que los servicios universitarios acuerdan una fecha para tomar las pruebas correspondientes. En algunos casos, y cada vez más, tienen la ayuda de tutores pares, y en menor medida tienen contacto con docentes de los cursos.

Si bien la cantidad de reclusos interesados en estudiar carreras en la Udelar aumentó de manera exponencial en poco tiempo, todavía hay muchos que quedan afuera. A fines de 2017 se registraron más de 100 dispuestos a iniciar sus estudios universitarios, la cifra surgió de un relevamiento a cargo la Comisión Central para la Inserción de Estudiantes Privados de Libertad de la Udelar, que está integrada por los docentes Gabriela Pasturino, del Área de Derechos Humanos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, Alicia Álvarez y Alejandro Bouzó, ambos del Programa de Respaldo al Aprendizaje de la Comisión Sectorial de Enseñanza.

El grupo se conformó luego que el Consejo Directivo Central (CDC) resolviera, en junio de 2016, promover y facilitar el acceso de las personas privadas de libertad (PPL) a la Universidad. En agosto de ese año la Udelar estableció un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) con ese fin. Para conocer más sobre el tema, el Portal de la Udelar dialogó con Pasturino, y con María José Palavecino, integrante de la Coordinación de Educación y Cultura (CEC) del INR. La docente del Área de Derechos Humanos explicó que antes de esos eventos, ya había reclusos que estudiaban carreras de la Udelar por iniciativa propia, con apoyo de su familia, porque pedían su salida transitoria para ir a clase o usaban su salida transitoria familiar para estudiar, «pero la Universidad no se enteraba».

En 2010 se dio el primer caso de acompañamiento a un estudiante universitario privado de libertad. Fue por parte de la Facultad de Psicología, que hoy es el servicio con mayor cantidad de internos inscriptos: 18. Además, desde 2012 la Udelar realiza actividades en la Unidad n.º 6 de Punta de Rieles a través del Programa Integral Metropolitano, con lo cual se estableció un vínculo más formal con el INR. Pasturino explicó que después del convenio marco de 2016 se dio un ingreso mayor de docentes y estudiantes a las cárceles, «y con eso se generó una demanda más fuerte, que siempre estuvo, pero se empieza a ver un poco más». Además, desde hace 15 años Secundaria tiene un programa de educación en contextos de encierro que ha crecido muchísimo, y hay un mayor nivel de egreso de Secundaria. «En otro momento pensar en estudiar en la Universidad desde la cárcel era solo para unos poquitos, ahora hay decenas de personas que están en condiciones de arrancar».

Pasturino indicó que este proceso fue impulsado por la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU), que puso el tema a consideración del CDC en 2016, generando una resolución que «plantea que hay que flexibilizar las condiciones de ingreso para las PPL, que esas personas son importantes para nosotros y que tenemos que abrir las puertas de la Universidad también para ellos». La decisión fue relevante porque tomó en cuenta que para estudiar en la Udelar «muchas veces se les piden cosas que ellos no pueden conseguir porque no tienen acceso. Son personas que no pueden salir a hacer fotocopias, a hacer un trámite en bedelía, o sacar el carné de salud. A veces pasan años sin que los vea un médico, mucho menos pueden obtener un carné de salud», señaló.

Contagioso
A principios de 2017, había unas 50 PPL en condiciones de empezar a estudiar en la Universidad, explicó Pasturino: «coincidía más o menos con la gente que había terminado Secundaria ese año, entonces vimos que se podía comenzar a pensar en que había una trayectoria educativa dentro de la privación de libertad». Poco a poco se fueron incorporando estudiantes en más unidades, comentó, «se fue generando un efecto contagio, porque las personas que estaban ahí veían que era posible, y porque se fueron sumando otras facultades con voluntad de hacerse cargo, si querías estudiar en la Universidad ya no solo era Psicología, podían ser otras cosas».

Palavecino indicó que bajo la coordinación del CEC, desde 2014 en las unidades hay gestores que cumplen una tarea articuladora similar a la de «un adscripto en un liceo», consultando a las PPL sobre su posible interés en diferentes actividades educativas y culturales. La consulta, en la que también se les pregunta si tienen apoyo de la familia y qué tipo de accesibilidad tienen a las salidas transitorias, se realiza a través de un formulario de preinscripción que luego es enviado a las instituciones de enseñanza, entre ellas la Udelar. Además «se les aclara que la respuesta es muy caso a caso y que no se garantiza obtener una respuesta concreta mediante la preinscripción». En noviembre pasado el equipo de la Udelar realizó un nuevo sondeo. «Sabíamos que iba a aumentar la demanda y queríamos avisar con tiempo a las distintas facultades sobre la cantidad de interesados en sus carreras», expresó Pasturino. También sabían que habría respuestas negativas en algunos servicios, que tendrían que informar a los interesados y consultarles si querían seguir con su elección o intentar con otras carreras.

Tanto Pasturino como Palavecino señalaron que el solo hecho de llenar el formulario de preinscripción genera muchas expectativas en los internos, y opinan que la falta de atención a una solicitud puede ser muy frustrante para ellos. La representante del CEC dijo que lo ideal sería «tener claro qué facultades dan respuesta para no generar expectativas en vano». Pasturino dio el ejemplo de «una persona que hace dos años está esperando para estudiar Antropología y no tiene respuesta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Está muy enojado y con mucha razón, ve cómo sus compañeros avanzan en distintas carreras y él todavía no puede. Quería estudiar esa carrera ya desde antes de entrar a la cárcel». En la cárcel de Maldonado hay unas 30 personas en condiciones de ingresar al Centro Universitario Regional del Este que están en la misma situación.

Con papeles
Una vez que reciben una respuesta favorable por parte de un servicio, los internos deben afrontar el trámite de inscripción propiamente dicho, que en condiciones normales es una instancia presencial. Al respecto Palavecino indicó que la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) «ha hecho un trabajo interesante» al crear un protocolo para los estudiantes privados de libertad. Allí se plantea una menor exigencia de documentación al momento de la inscripción, de modo que puede realizarse presentando solamente el certificado de culminación de estudios secundarios y el certificado de reclusión que tiene cada PPL. Tampoco se les exige cédula de identidad ni carné de salud, si bien tendrán preferencia en caso de que los estudiantes cuenten con ellos.

Muchos de los que hoy estudian en la Udelar terminaron Secundaria en privación de libertad, pero no todos. Algunos comenzaron haciendo acreditación de saberes de Primaria en la cárcel, otros ya habían egresado de una carrera universitaria y ahora estudian otra. La realidad es que, según el último informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario, más del 21% de las PPL cursa algún nivel de la educación formal. Además, muchas otras realizan cursos y talleres del ámbito no formal, a cargo del MEC, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional u otras instituciones.

Pasturino destacó que muchos reclusos trabajan porque para la redención de la pena, «trabajar es más beneficioso que estudiar. Es decir, la gente que elige estudiar lo hace porque quiere, pueden redimir, pero en término de horas es menos redituable que trabajar. De hecho la mayoría de los estudiantes que tenemos trabajan y estudian a la vez, en condiciones de trabajo y estudio malas. En el trabajo las condiciones de seguridad son malas, el pago es un pecurio, y la normativa laboral no tiene nada que ver con la de afuera. Ahí adentro no existe, debería regir, pero en realidad no se usa».

Buscando el aula
El centro penitenciario con más estudiantes es la Unidad n.º 4 Santiago Vázquez (Comcar) —allí la población total es cercana a las 3300 personas—, y en segundo lugar se destaca la de Punta de Rieles. La participación de PPL en estudios universitarios «tiene que ver con las dimensiones de la cárcel, pero también con las condiciones de seguridad y muchos otros factores», señaló Pasturino. «Algunas personas están en encierro total y no tienen ninguna actividad, cada estudiante tiene una situación particular. Uno puede estar en el módulo 8 del Comcar, que es de los peores lugares dentro del sistema carcelario, sin acceso a nada —de todos modos en ese sector, en algunos casos les permiten actividades—, en otro módulo con condiciones más favorables, o en la unidad de Punta de Rieles donde hay un régimen más libre. Todos los casos son diferentes». Con respecto a la extensión y el cumplimiento de sus penas, la población de estudiantes también es muy heterogénea.

En todas las unidades existen espacios reservados para actividades educativas, pero con características muy variadas. Por ejemplo, en el Comcar hay un salón especialmente acondicionado para los estudiantes universitarios, ahí se guardan materiales, hay una biblioteca, una mesa y un pizarrón, pero a veces, si van todos los tutores, no hay suficiente lugar. Palavecino explicó que en conjunto con Antel, por ahora en la zona metropolitana, el INR está instalando computadoras con acceso a internet para que los estudiantes puedan utilizar la plataforma EVA de la Udelar. Con respecto a los materiales impresos, comentó que se están gestionando becas para que los estudiantes puedan tenerlos, con el apoyo del Servicio Central de Bienestar Universitario y de algunos centros de estudiantes.

Son pocos los servicios que brindan apoyo docente regular en los centros de reclusión. El protocolo que aprobó la FCEA establece que los docentes concurrirán al menos cada 15 días. Los internos también reciben a docentes de Ciencias Sociales, Psicología y Derecho, pero estas facultades todavía no establecieron una lógica de trabajo, «la están construyendo, se están armando comisiones y pasando las cosas por el Consejo, es una construcción muy fermental», indicó Pasturino. El vínculo docente es sumamente importante para guiar los procesos de estudio, «más allá de que los tutores hacen un acompañamiento académico en algunos casos, en otros su actividad es más de vínculo con la vida universitaria, y muchas veces el único nexo que tienen las PPL con la Universidad es ese tutor». De todas formas «ellos no preparan la misma cantidad de materias de una persona que está afuera, que por ejemplo tenga 18 años y no trabaje. Hacen un par de materias por semestre, o las que pueden preparar solos».

A la salida
Todas las carreras tienen materias teóricas y actividades prácticas, esto obviamente es un obstáculo para las PPL, pero no uno imposible de superar. Pasturino explicó que «los servicios van ideando cómo van a hacerse cargo de estas situaciones. Algunas veces arman un trayecto específico del plan de estudios para atender estos casos en particular». En otros casos el estudiante puede llegar hasta un punto de la carrera, y no podrá terminarla mientras está preso. «Nosotros vemos con el estudiante si de todas formas quiere comenzar esa carrera o no, porque es una decisión personal. Pueden optar por hacer todo lo teórico adentro y cuando salen, la parte práctica. De hecho seguimos en contacto con los que han egresado de la cárcel en estos dos años, y todos siguen estudiando».

Los estudiantes que cursan carreras de forma presencial, lo hacen porque gozan de salidas transitorias por estudio, con autorización de un juez. Conservar ese beneficio no es fácil, cuando el estudiante tiene familia, es probable que si tiene una hora libre en la facultad, quiera ir a ver a sus hijos. «Si lo hace y el juez se entera, pierde la transitoria. Convivimos con esas lógicas muy complejas y muy distintas a las que viven otros estudiantes. Hemos tenido ese tipo de casos con personas que vienen transitando su carrera bárbaro y en un momento les pasa eso. Tienen que quedarse en el lugar a donde le autorizaron ir, por eso también tenemos un problema con las carreras que se dictan en locales distintos. Eso hay que reverlo con el juez, hay todo un procedimiento». Actualmente los permisos de salida otorgados a estudiantes de la Udelar son únicamente siete.

El trabajo interinstitucional de la Udelar y el INR ha determinado que el ingreso de tutores y docentes a las unidades se realice sin inconvenientes. Sobre esto Palavecino explicó que normalmente «la gente que tiene que ingresar a una unidad por el tema educativo tiene acceso más rápido, pero existen determinados procedimientos administrativos del sistema penitenciario que tenemos todos los funcionarios. No requieren las mismas revisiones que tienen las familias, pero sí hay un control que implica, por ejemplo, pasar por un escáner y estar en una lista que se envía previamente a la unidad». Pasturino entiende que «desde la creación del INR en 2010, hay un proceso de apertura del sistema, antes era mucho más complicado entrar. Hoy por lo menos desde la cabeza de la institución se promueve el ingreso de las instituciones educativas», acotó Pasturino.

Conquista
En cada unidad, la Udelar coordina sus actividades con un gestor educativo, y de esa manera con las otras instituciones de enseñanza que trabajan dentro de las cárceles. Además, forma parte de la Mesa interinstitucional de coordinación para personas privadas de libertad, donde están representados el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el MEC y la ANEP, entre otras. Pasturino señaló que entre ellos hay «proyectos conjuntos de trabajo, coordinamos el ingreso conjunto a las unidades, por ejemplo. Con la carrera de Educación Social de la ANEP tenemos un relacionamiento fluido, hay tutores de ellos que vienen a nuestros cursos de Tutorías entre Pares (TEP) y van con nosotros en los equipos. Con Secundaria tenemos una coordinación similar». Funcionarios del INR también participan de algunas capacitaciones de las TEP «para brindar un encuadre normativo y compartir las experiencias», comentó Palavecino. Opinó que en este proceso «se ha avanzado significativamente, pero sin dudas queda más por hacer. Lo interesante es que ahora las PPL, incluso las que tienen una pena bastante larga, se proyectan poder estudiar, lo visualizan como una posibilidad».

En la población de estudiantes que ingresa a la Udelar hay un nivel importante de deserción, sobre todo en el primer año, pero eso no pasa entre las PPL: «no hubo ninguna baja en estos dos años. Sabemos también que la gente que sale sigue vinculada a la Universidad». Pasturino explicó que en esa instancia tiene un peso importante el vínculo con los tutores y en especial con las asociaciones de estudiantes, «la FEUU no solo promovió que esta línea de trabajo exista, sino que también la sostiene». En junio Pasturino, Álvarez y Bouzó presentaron un informe de las actividades de la Udelar en cárceles ante el CDC, «lo hicimos porque los estudiantes lo reclamaron, y a nosotros nos ayuda a visibilizar la cuestión y a que la Universidad se haga cargo de que tomó una resolución que generó demandas y expectativas, y las tenemos que asumir». De hecho, el informe propone medidas para adecuar el trabajo de la Udelar al crecimiento de este proceso.

A pesar del contexto, el equipo universitario que se relaciona con estos estudiantes tiene una base clara: «trabajar desde la perspectiva del derecho a la educación», es por eso que atienden a todos los que quieren ingresar a la Universidad, intentando que puedan transitar la carrera que elijan, orientarlos para que no sea una elección por descarte, sino lo más consciente posible, «ese es nuestro rol ahí», puntualizó Pasturino. «Las condiciones ahí son nefastas, no solo para estudiar, para todo. Trabajamos con gente que de repente hay días que no come, hay días que no pueden dormir, por distintas cosas que pasan ahí, ellos están vulnerados en una serie de derechos. Creo que cuando uno va adquiriendo y conquistando ciertos derechos, los niveles de vulneración de la persona bajan, en ese sentido es importante que todos accedan a todos los derechos, la educación es uno más». Agregó que «hay muchas cosas que institucionalmente podemos ver de una forma, pero ellos las viven muy distinto. Por eso intentamos que en las actividades que hacemos puedan poner su voz, porque la experiencia de transitar un estudio universitario o cualquier otra cosa ahí adentro es muy, muy particular».

Acceder al informe de la Comisión Central para la Inserción de Estudiantes Privados de Libertad

Publicado el sábado 4 de agosto de 2018

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Cárcel de Punta de Rieles. 24/08/2016 Foto: Richard Paiva-UCUR.
 
 

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